6 de junio de 2018
El día 9 de mayo del 2018, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en el marco de la iniciativa del Fondo Regional de la Sociedad Civil para la Educación (FRESCE) promovió un diálogo virtual sobre la integración de la perspectiva de género en los procesos de incidencia política en el cual participaron los foros nacionales miembros de CLADE en Honduras, Haití, Nicaragua y República Dominicana, participantes del FRESCE en América Latina y el Caribe.
El conversatorio contó con la presencia de María Graciela Cuervo, co-coordinadora general de Mujeres por un Desarrollo Alternativo para una nueva Era (DAWN, por su sigla en inglés) e integrante del Consejo Deliberativo FRESCE, quien compartió sus aprendizajes y experiencias en procesos de incidencia en derechos humanos e igualdad de género, principalmente en las políticas educativas.
Durante su presentación, María Graciela presentó un breve antecedente sobre la construcción del concepto de transversalización de la perspectiva de género en las políticas educativas, así como principios básicos para la transversalización, y elementos fundamentales para la incidencia política con enfoque de género.
Al final del conversatorio se realizó asimismo una discusión en la que los y las participantes compartieron sus aprendizajes y experiencias en los procesos de incidencia desde una perspectiva de género. A seguir se comparte una síntesis de los principales puntos abordados en el encuentro, sin querer para nada agotar el tema.
Según María Graciela Cuervo, en los años 90s, cuando se inició la preocupación con que el enfoque de género se integrara a los proyectos sociales, su interpretación y aplicación eran subjetivas y variaban mucho con cada proyecto. En la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, sin embargo, se arraigó la necesidad de transversalizar el enfoque de género en todas las políticas públicas.
En la ocasión, como resultado del fortalecimiento de los movimientos feministas a nivel global, se firmaron compromisos y se elaboraron guías sobre cómo avanzar en los derechos humanos de las mujeres y, por primera vez, se mencionó la importancia de transversalizar el enfoque de género en las políticas públicas y marcos normativos. La declaración donde se detallan esos puntos puede ser encontrada aquí.
En 1997, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) definió el concepto de transversalización como una estrategia para lograr la igualdad de género.
«Transversalizar la perspectiva de género es el proceso de valorar las implicaciones que tiene para los hombres y para las mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o programas, en todas las áreas y en todos los niveles. Es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte integrante en la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y de los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que las mujeres y los hombres puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo final de la integración es conseguir la igualdad de los géneros.»
Fuente: Economic and Social Council, ECOSOC (2002). Gender Mainstreaming. An Overiew. United Nations. New York. January.
En tal sentido, es importante subrayar que, aunque el objetivo final de una determinada política pública no sea necesariamente alcanzar la igualdad de género, en el momento en que se incorpora esta perspectiva en la política, alcanzar la igualdad de género se convierte en un objetivo.
A partir de esa definición se describen algunos principios básicos para la transversalización del enfoque que incluyen:
Vale destacar que el enfoque de género debe ser visto con un enfoque más amplio, no limitado apenas a hombres/mujeres o niños y niñas, avanzando en la incorporación a poblaciones lesbianas, gays, intersexuales e intersex.
En relación a los indicadores o hechos más apropiados para medir, monitorear o mostrar la incorporación del enfoque de género, se entiende que su determinación depende del resultado que se quiere alcanzar. Por lo tanto, el diagnóstico inicial es fundamental para determinar cuál es el problema que resulta en desigualdad y qué se pretende alcanzar a partir del desarrollo e implementación de una política con perspectiva de género.
Se recordó que es importante mirar cuál es la posición y condición de las niñas y de las mujeres en la sociedad en el momento de definir la intervención, además de desnaturalizar las expectativas culturales que tenemos en relación a ellas para poder dar un diagnóstico preciso, y luego diseñar y definir la intervención que busca esa brecha de condición y de poder.
Un desafío para mensurar los avances en relación al enfoque de género en las políticas educativas es la poca disponibilidad de informaciones estadísticas más amplias a respecto a la perspectiva de género a nivel regional. Los Asuntos de Género y el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL tienen informaciones más actualizadas y las recoge a partir de encuestas nacionales sobre matriculación en la educación primaria, alfabetización de personas jóvenes, matriculación en educación secundaria y alumnos/maestros en la educación primaria y secundaria. Sin embargo, sólo algunas de esas informaciones están desagregadas por género, lo que dificulta el diagnóstico a nivel regional y, a su vez, el monitoreo de cómo y hacia dónde se avanza.
Por otro lado, el monitoreo de la política no es sólo un tema de números, se trata de analizar y atacar las causas de la desigualdad, lo que implica desarrollar indicadores no solo cuantitativos sino también cualitativos. Los estudios que hacen algunas instituciones a nivel nacional, como Plan Internacional, pueden dar algunas referencias en relación a la deserción escolar y el embarazo adolescente, por ejemplo.
La incidencia con perspectiva de género tiene como elemento fundamental los derechos humanos como base normativa para la incidencia por la igualdad de género. Esta base se compone por diversos instrumentos internacionales como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés).
La adopción de un enfoque en derechos humanos implica utilizar los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad de derechos en el momento de incidir por la implementación de la política pública. Eso significa que una intervención debe considerar, en el momento de su formulación e implementación, que el disfrute y la denegación de diversos derechos se encuentran estrechamente entrelazados. Aunque se dispongan de recursos económicos, humanos y contextos socio-políticos limitados, que obligan a priorizar grupos e/o identidades y causas, reconocer la interdependencia de los derechos en las propuestas de incidencia nos permite avanzar en la garantía de los derechos humanos. Por ello es fundamental incidir también por políticas públicas paralelas para que se amplíen los derechos que garantizan la igualdad.
El elemento de la universalidad está claramente reflejado en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con la frase “no dejar a nadie atrás”.
Por otro lado, el movimiento feminista viene trabajando de manera paralela el concepto de interseccionalidad, lo que significa que todas y todos son sujetos de diferentes tipos de discriminación y desigualdad de acuerdo a su propio contexto, y que cada persona puede ser sujeto de discriminación desde diversas formas de desigualdad, que se entre-cruzan. Ese instrumento de análisis preconiza que la identidad de cada persona es formada por diferentes ejes (biológicos, culturales, sociales), que a su vez tienen sus sistemas de opresión, discriminación y dominación. Como esos ejes – el género, la etnia, la clase social, la discapacidad, la orientación sexual, la religión, la casta, la edad, la nacionalidad etc – interactúan de manera simultánea, y acaban por potenciar las posibles formas de discriminación. Así, para dar un ejemplo, una mujer negra y pobre vive experiencias de discriminación y/o desigualdades diferentes de una mujer blanca y de clase media.
De esa manera, las políticas educativas con enfoque de género tienen que atender a esos diferentes ejes; de lo contrario, tienden a ser limitadas e insuficientes. Si una política que busca mejorar los índices de compleción escolar de niñas, no toma en cuenta las dificultades de acceso como la responsabilidad con el cuidado del hogar y el trabajo doméstico, el riesgo de violaciones en el camino a la escuela, entre otros, difícilmente garantizará su permanencia en la escuela. Por ende, el concepto de interseccionalidad es fundamental en el momento de definir una política educativa o proyecto con enfoque de género porque permite ampliar la forma en que se piensa la intervención de incidencia.
En la segunda parte del conversatorio, se pasó a un intercambio entre las y los participantes sobre sus propias experiencias de incidencia política a partir de una perspectiva de género. Conozca aquí los casos de incidencia del Grupo Mayor de Mujeres en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y de incorporación de la temática en la labor del Foro Socioeducativo.
Articulo extraído de: https://redclade.org/eventos/elementos-para-pensar-que-significa-incorporar-la-perspectiva-de-genero-en-acciones-de-incidencia-politica-por-la-realizacion-del-derecho-a-la-educacion/
