El sistema educativo público, en el actual contexto de pandemia por COVID–19, está atravesando en América Latina una crisis sin precedentes, que devela las profundas desigualdades en cuanto al acceso a la educación y lo poco que han invertido los Estados de la región en fortalecer la educación pública y los sistemas de salud.
Varios países de la región han implementado estrategias para enfrentar la pandemia sin afectar el derecho a la educación. Sin embargo, el gobierno transitorio de Bolivia, decidió, de forma sorpresiva, la clausura de la gestión escolar para los ciclos inicial, primario y secundario de la educación fiscal, privada y de convenio a causa de la pandemia por coronavirus, a pesar de haber anunciado otras modalidades para garantizar la continuidad de los procesos educativos.
Denunciamos que la medida es una violación del derecho a la educación gratuita y pública que establece la Constitución Política del Estado y que vulnera un derecho fundamental de casi tres millones de estudiantes bolivianos.
La pandemia ha puesto en evidencia con mayor fuerza la debilidad institucional del Estado, la política pública educativa y las desigualdades sociales existentes entre áreas rurales y urbanas. Por ello, mantener la decisión de clausura del año escolar en Bolivia aumenta las posibilidades de perpetuar el rezago educativo, la deserción escolar –especialmente en las niñas y jóvenes–, la exclusión social y la discriminación en el acceso a tecnologías de comunicación e información de quienes asisten a escuelas fiscales, que en su mayoría no cuentan con acceso a internet ni a una computadora, dejando atrás a millones de niñas, niños y adolescentes que viven en zonas rurales, aspectos que deben ser superados para lograr avanzar en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.
Desde la REPEM – LAC advertimos que la medida tendrá un impacto negativo en las oportunidades de desarrollo de millones de mujeres, niñas, niños y adolescentes al comprometer la continuidad de procesos educativos e incrementar aún más la carga de trabajo de las mujeres en el cuidado y ahora la formación escolar de sus hijas e hijos.
Los Estados tienen la obligación de garantizar el acceso a una educación laica, gratuita, publica, no sexista, inclusiva, de calidad, sin discriminación y a lo largo de la vida. Por ello, el gobierno boliviano debe asumir su responsabilidad y responder a los desafíos educativos que impone la crisis sanitaria.
#NadieSeQuedaAtrás #LaEducaciónEsDerechoDeTodes
