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Pronunciamiento por la educación en Bolivia


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Clausura del año escolar vulnera los derechos

de estudiantes de Bolivia

El sistema educativo público, en el actual contexto de pandemia por COVID–19, está atravesando en América Latina una crisis sin precedentes, que devela las profundas desigualdades en cuanto al acceso a la educación y lo poco que han invertido los Estados de la región en fortalecer la educación pública y los sistemas de salud.

Varios países de la región han implementado estrategias para enfrentar la pandemia sin afectar el derecho a la educación. Sin embargo, el gobierno transitorio de Bolivia, decidió, de forma sorpresiva, la clausura de la gestión escolar para los ciclos inicial, primario y secundario de la educación fiscal, privada y de convenio a causa de la pandemia por coronavirus, a pesar de haber anunciado otras modalidades para garantizar la continuidad de los procesos educativos.

Denunciamos que la medida es una violación del derecho a la educación gratuita y pública que establece la Constitución Política del Estado y que vulnera un derecho fundamental de casi tres millones de estudiantes bolivianos.

La pandemia ha puesto en evidencia con mayor fuerza la debilidad institucional del Estado, la política pública educativa y las desigualdades sociales existentes entre áreas rurales y urbanas. Por ello, mantener la decisión de clausura del año escolar en Bolivia aumenta las posibilidades de perpetuar el rezago educativo, la deserción escolar –especialmente en las niñas y jóvenes–, la exclusión social y la discriminación en el acceso a tecnologías de comunicación e información de quienes asisten a escuelas fiscales, que en su mayoría no cuentan con acceso a internet ni a una computadora, dejando atrás a millones de niñas, niños y adolescentes que viven en zonas rurales, aspectos que deben ser superados para lograr avanzar en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.

Desde la REPEM – LAC advertimos que la medida tendrá un impacto negativo en las oportunidades de desarrollo de millones de mujeres, niñas, niños y adolescentes al comprometer la continuidad de procesos educativos e incrementar aún más la carga de trabajo de las mujeres en el cuidado y ahora la formación escolar de sus hijas e hijos.

Los Estados tienen la obligación de garantizar el acceso a una educación laica, gratuita, publica, no sexista, inclusiva, de calidad, sin discriminación y a lo largo de la vida. Por ello, el gobierno boliviano debe asumir su responsabilidad y responder a los desafíos educativos que impone la crisis sanitaria.

#NadieSeQuedaAtrás #LaEducaciónEsDerechoDeTodes



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