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Desafíos y retos de las mujeres rurales
Lunes, 09 de Abril de 2018 11:39

Marzo de 2018

Equipo La Red Va

 


En América Latina y el Caribe viven 58 millones de mujeres rurales (FAO, 2017.), constituido por una enorme diversidad en cuanto a su identidad, formas de vida, organización social y actividades que desarrollan. Se trata de mujeres indígenas, afrodescendientes, campesinas, pescadoras, recolectoras; mujeres que trabajan por cuenta ajena en el sector agrícola o en otros sectores de la economía, que gestionan sus propios negocios; mujeres que son madres y mujeres que no lo son, mujeres jóvenes y mujeres adultas mayores, así como mujeres con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.

Cada una de esas mujeres vive la ruralidad de manera diferente y se enfrenta a desafíos de muy distinta índole, así como a distintas formas de discriminación. Pero en su mayoría comparten problemas comunes, tales como la sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados, la invisibilidad de su aporte productivo, el bajo acceso a los medios de producción, el trabajo decente y los sistemas de protección social. Muchas de ellas se enfrentan además a situaciones de pobreza extrema y de violencia, así como a una ausencia histórica de derechos, especialmente entre quienes pertenecen a pueblos indígenas y afrodescendientes.

Las mujeres rurales son y han sido partícipes en el desarrollo en América Latina y el Caribe. Sin embargo, han permanecido excluidas como sujetos de derechos políticos y sociales en sociedades marcadamente centralistas y patriarcales. En las últimas décadas muchas mujeres indígenas y campesinas han visto empeorar su situación con el acaparamiento de tierras, la deforestación, la expansión de actividades extractivas y la privatización de los bienes naturales.

En pleno siglo XXI persiste en la región una estratificación social étnica y racial, donde amplios segmentos de los grupos mayoritarios de población –indígena, mestiza y afrodescendiente– se encuentran dominados por una minoría occidentalizada ubicada en los estratos de poder (Peredo, 2004). Esta división social muestra la continuidad del sistema colonial que se impuso en el continente hace más de cinco siglos y que se ha perpetuado por las élites modernas.

Las mujeres que viven en las áreas rurales realizan una importantísima contribución al desarrollo y la seguridad alimentaria, asumiendo funciones productivas, reproductivas y sociales en una triple jornada de trabajo que en su mayoría no está remunerado y es escasamente valorado. Pese a su papel clave en la economía y el bienestar de sus comunidades, enfrentan más obstáculos que los hombres para acceder a los recursos productivos fundamentales, sufren discriminación salarial en los mercados de trabajo y suelen trabajar sin remuneración en las granjas y negocios familiares.

Al mismo tiempo, las mujeres rurales han adquirido un protagonismo creciente en la defensa de sus territorios y bienes naturales, en el mantenimiento social, económico y cultural de las comunidades locales y en la transmisión del conocimiento. Aunque ha sido reciente su reconocimiento como sujetas de derechos y ciudadanas plenas, se han producido avances muy importantes. Se ha destacado por diversos organismos multilaterales, la relevancia de asuntos como la feminización de la agricultura o el importante papel que desempeñan las mujeres rurales en la seguridad alimentaria y la construcción de resiliencia frente al cambio climático y sus consecuencias como la sequía, las inundaciones y la deforestación.

Todos los países de la región se comprometieron en 2015 a reducir la pobreza y la desigualdad y a no dejar a nadie atrás al suscribir en 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que incluye 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y sus correspondientes metas. En ella se reconoce la centralidad de la igualdad de género y el empoderamiento  de las mujeres para avanzar hacia el desarrollo sostenible, pero además vincula el empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales con otros objetivos y metas, tales como el de poner fin a la pobreza en todas sus formas (ODS 1); poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible (ODS 2); promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos (ODS 8); y adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (ODS 13).

Para el reconocimiento y restablecimiento pleno de los derechos de las mujeres rurales en el marco de la Agenda 2030, es preciso retomar los tratados internacionales, tales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) como único que dedica un artículo específicamente a la situación de las mujeres rurales (el Artículo 14). En él se reconoce su contribución a la reducción de la pobreza y la seguridad alimentaria y nutricional, y se exhorta a los Estados Miembros a adoptar las medidas necesarias para que se respeten y refuercen sus derechos de acceso a recursos productivos y su participación en las decisiones.

Así mismo, la Declaración de Beijing y su Plataforma de Acción, la cual en una revisión de su aplicación 20 años después (ECOSOC, 2014) atrajo una atención renovada sobre la situación de las mujeres y las niñas rurales y sobre la necesidad de acelerar el cierre de la brecha de género rural.

Un documento de la mayor importancia es la Estrategia de Montevideo (CEPAL, 2016a), que reconoce a las mujeres como sujetos de derecho y a los Estados como garantes, entre otros, de los derechos económicos, sociales y culturales con relación a la inserción productiva, el trabajo y el control de los recursos y el derecho a la tierra.

Por otro lado, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) ha expresado su compromiso con la igualdad de género en el ámbito rural en la Declaración de Brasilia de la Conferencia sobre la mujer del medio rural en América Latina y el Caribe, celebrada en 2014.

Diversos convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) hacen referencia a los derechos de las trabajadoras agrícolas y rurales, destacando disposiciones sobre las organizaciones de trabajadoras rurales (1975), sobre inspección del trabajo en agricultura (1969) y sobre Pueblos Indígenas y Tribales (1989).

Pese a estos esfuerzos en el reconocimiento de derechos y a los avances en el plano legislativo, las brechas entre mujeres y hombres persisten profundamente arraigadas en las sociedades rurales. En la práctica, las mujeres rurales –y muy especialmente las mujeres indígenas y afrodescendientes– enfrentan importantes obstáculos para el ejercicio de sus derechos y son discriminadas en el acceso a ingresos y activos productivos, así como en la toma de decisiones. Su contribución al desarrollo apenas se reconoce, y sus necesidades y prioridades no son lo suficientemente abordadas en el diseño de leyes, políticas de desarrollo y estrategias de inversión.