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Nos quieren dejar atrás. Y no lo vamos a aceptar
Jueves, 10 de Mayo de 2018 14:37

Abril de 2018

 

Declaración de las organizaciones de sociedad civil de América Latina y el Caribe Las personas representantes de organizaciones, sindicatos, asociaciones, federaciones, redes, coaliciones, articulaciones, colectivos y movimientos sociales participantes en este foro, expresamos nuestra indignación con los escasos avances en la implementación de la Agenda 2030 en nuestra región. No nos sentimos representadas ni representados por la Declaración Intergubernamental que se aprueba en este Foro, pero seguiremos trabajando por la implementación efectiva de la Agenda 2030.
Denunciamos los ataques constantes a la democracia en la región. La realidad es que nuestra región está sangrando por los continuos asesinatos a  líderes y actores sociales, defensoras y defensores de nuestros derechos, por levantar la voz ante la injusticia social,   ambiental y económica, por cuestionar el status quo y los privilegios, y por lo tanto, no sorprende la baja confianza en las instituciones públicas.
El papel de las organizaciones de la sociedad civil es de corresponsabilidad en la implementación, seguimiento y monitoreo de la Agenda 2030 a nivel local, nacional, regional e internacional pero esto no ha sido respetado por los gobiernos.
Exigimos un entorno favorable para nuestro trabajo, la sostenibilidad y presupuestos suficientes para la participación efectiva de la sociedad civil. Exigimos formar parte de la definición de indicadores regionales y nacionales, y que nuestros informes sean reconocidos como documentos oficiales de las instancias de seguimiento de la Agenda 2030.
Exigimos que se garantice el acceso a la información como un derecho humano; una agenda participativa, inclusiva y democrática, en donde todas las personas se puedan empoderar y beneficiar de las oportunidades económicas y sociales, de manera informada y comprometida.
También instamos a los países a ratificar el Acuerdo Regional del Principio 10 sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Es necesario actuar urgentemente para garantizar la paz con justicia social en la región y hacer frente a la violencia política y económica que sigue cobrando vidas, impulsando migraciones, desplazamiento forzado y la pérdida de derechos fundamentales. Y nada de eso se refleja en la Declaración Intergubernamental que, definitivamente, no habla de la realidad regional. Resaltamos la incapacidad de atender las profundas crisis humanitarias que nos afectan.
Es grave que, a pesar de que los países de América Latina y el Caribe han ratificado Tratados y Convenios internacionales que constituyen la base para alcanzar la justicia social, ambiental y económica, estos no están siendo implementados de manera eficiente y adecuada, lo que genera la desigualdad económica y social, altos índices de violencia, y violaciones de derechos en todas las áreas afectando particularmente a pueblos originarios, indígenas, afrodescendientes, mujeres, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Intersex, personas con discapacidad, personas mayores, con VIH,  con sida, con tuberculosis, en situación de calle, privadas de libertad, migrantes, refugiadas, trabajadoras sexuales, trabajadoras del hogar y quienes viven en áreas rurales.

La corrupción es un ultraje a los Pueblos de América Latina y el Caribe que corroe estructuralmente a nuestras sociedades e instituciones democráticas, pero que goza de impunidad, desvía ilícitamente recursos que deberían estar al servicio de la superación de la pobreza, las graves desigualdades y asimetrías que violentan los derechos políticos, económicos, sociales, ambientales y culturales de millones de personas.
Denunciamos la reducción en el último año de los presupuestos en educación, salud y cultura en varios países de la región, y los crecientes procesos de privatización de estas áreas estratégicas para el desarrollo.
Denunciamos el deterioro de los sistemas de educación públicos y reclamamos la educación pública, universal, gratuita, laica, inclusiva, de calidad, a lo largo de toda la vida. Exigimos la laicidad del Estado y denunciamos la influencia de los fundamentalismos religiosos en los currículos escolares, que impiden la educación integral en sexualidad y la garantía de la igualdad de género.
Exigimos acceso a servicios públicos de calidad, accesibles, libres de estigma y discriminación, y la atención a los determinantes ambientales, sociales y culturales para dar respuesta a enfermedades crónico-degenerativas, no transmisibles, de transmisión por vectores, así como la tuberculosis, las infecciones de transmisión sexual, particularmente el VIH, y las que implican nuevos retos.
Denunciamos la discriminación, violencias y homicidios basados en orientación sexual, e identidad de género, incluyendo el aumento de los feminicidios y la baja inversión en políticas encaminadas a la promoción de la igualdad de género, y a la prevención y erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres y niñas. Exigimos políticas que resulten en el empoderamiento de mujeres en su diversidad y lo largo del ciclo de vida.
Es una contradicción que la Declaración Intergubernamental hable de la importancia de los sistemas de protección social (Párrafo 9), mientras los países en realidad reducen los presupuestos de los sistemas de salud, seguridad y asistencia social; limitando los derechos de las personas, profundizando la pobreza y agudizando la desigualdad, sin invertir suficiente en la seguridad alimentaria. Además, alertamos sobre la precarización la sistemática reducción de los derechos de trabajadoras y trabajadores. Reclamamos trabajo decente: acceso al empleo, diálogo social, derecho al trabajo, salario digno y protección social.
Evidenciamos la complicidad entre gobiernos y empresas para acaparar, sobre-explotar y adoptar políticas de extractivismo sobre nuestros bienes comunes naturales, nuestras tierras, bosques, agricultura, refugios ambientales, agua, fauna, energía y sistemas de vida.
Exigimos el respeto al Convenio 169 de la OIT y las inversiones adecuadas en agua y saneamiento sostenible, conservación y restauración de áreas naturales prioritarias.


Exigimos que se garantice la vida integral, sus sistemas de vida y los derechos 
territoriales de los pueblos indígenas, devolviendo  a ellos sus territorios ancestrales.

El Acuerdo de París no se está cumpliendo. Los gobiernos no han tomado medidas contundentes para la reducción de emisiones a los niveles comprometidos, no implementan estrategias de adaptación y tampoco han cambiado los modelos de producción y consumo para garantizar la transición justa, a partir del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Exigimos que en la implementación de las políticas de cambio climático y desarrollo sostenible, se garanticen los derechos humanos de las poblaciones particularmente afectadas.
 Expresamos nuestro repudio al modelo económico que sigue dominando la región y que la Declaración Intergubernamental está afirmando. América Latina y el Caribe sigue siendo la región con más desigualdades, con una economía basada en productos primarios, sin avances significativos en el desarrollo tecnológico y la innovación, mientras seguimos sometidos a los intereses de los mercados principales de Estados Unidos, Europa y China, y firmando tratados de libre comercio que no benefician los intereses de la mayoría de la población. Exigimos inversión en el desarrollo de otros modelos, como la economía solidaria y la agricultura familiar. Sin democracia económica en la región, observamos que la pobreza vuelve a crecer afectando aún más a las mujeres y niñas. Esto no va cambiar si nuestros pueblos no participan de las decisiones sobre presupuestos nacionales y si los gobiernos siguen cerrando los espacios a la participación de la sociedad civil, mientras abren las puertas a las corporaciones nacionales y transnacionales, promoviendo la privatización sin criterios y Alianzas Público-Privadas de bajo interés público, baja calidad de servicios y sin transparencia. Exigimos ya, la rendición de cuentas de empresas y la debida diligencia obligatoria con un piso mínimo en los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos.
Condenamos que los gobiernos firmantes de la Declaración Intergubernamental sigan optando por políticas de austeridad y endeudamiento público sin reconocer y resolver problemas sistémicos, como el crecimiento de las deudas externas e internas, la desigualdad y la regresividad fiscal. Las brechas actuales resultan de la ausencia de regulación efectiva de los mercados y de los sistemas financieros, por ello demandamos justicia fiscal y herramientas para combatir la evasión y elusión. Es preocupante que la Asistencia Oficial para el Desarrollo esté siendo utilizada por los países donantes para, por ejemplo, lidiar con la crisis migratoria generada por sus propias políticas, mientras se reducen los fondos de cooperación a los países que más lo necesitan. Es necesario también reconocer las desigualdades internas de los países de renta media y los diferentes niveles de vulnerabilidad climática.
Es preocupante que los gobiernos no se comprometieron con los mecanismos innovadores de financiación para la Agenda 2030, y ahora defienden las "herramientas financieras innovadoras" (Párrafo 23) sin considerar la vulnerabilidad creada por esas herramientas, como las Obligaciones de Deuda Garantizada o Permutas de Cobertura por Incumplimiento Crediticio.

Los gobiernos tampoco han avanzado en la alineación de sus bancos públicos a los ODS y siguen financiando proyectos e iniciativas que perjudican las tres dimensiones de la agenda, con bajo retorno de inversión. Repudiamos el actual escenario regional de radicalización de las agendas conservadoras y antidemocráticas, los programas económicos y políticos cuyos impactos afectan a las mayorías de los sectores sociales y populares. A la vez, reconocemos y aplaudimos la movilización social y al trabajo incansable de las y los activistas. Recordamos a los gobiernos que su trabajo debe velar por los intereses de toda su población, especialmente las más vulnerabilizadas.



¡Nos están dejando atrás! y eso no lo vamos a aceptar.


Organizaciones de sociedad civil de América Latina y el Caribe

 
Desafíos y retos de las mujeres rurales
Lunes, 09 de Abril de 2018 11:39

Marzo de 2018

Equipo La Red V

 


En América Latina y el Caribe viven 58 millones de mujeres rurales (FAO, 2017.), constituido por una enorme diversidad en cuanto a su identidad, formas de vida, organización social y actividades que desarrollan. Se trata de mujeres indígenas, afrodescendientes, campesinas, pescadoras, recolectoras; mujeres que trabajan por cuenta ajena en el sector agrícola o en otros sectores de la economía, que gestionan sus propios negocios; mujeres que son madres y mujeres que no lo son, mujeres jóvenes y mujeres adultas mayores, así como mujeres con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.

Cada una de esas mujeres vive la ruralidad de manera diferente y se enfrenta a desafíos de muy distinta índole, así como a distintas formas de discriminación. Pero en su mayoría comparten problemas comunes, tales como la sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados, la invisibilidad de su aporte productivo, el bajo acceso a los medios de producción, el trabajo decente y los sistemas de protección social. Muchas de ellas se enfrentan además a situaciones de pobreza extrema y de violencia, así como a una ausencia histórica de derechos, especialmente entre quienes pertenecen a pueblos indígenas y afrodescendientes.

Las mujeres rurales son y han sido partícipes en el desarrollo en América Latina y el Caribe. Sin embargo, han permanecido excluidas como sujetos de derechos políticos y sociales en sociedades marcadamente centralistas y patriarcales. En las últimas décadas muchas mujeres indígenas y campesinas han visto empeorar su situación con el acaparamiento de tierras, la deforestación, la expansión de actividades extractivas y la privatización de los bienes naturales.

En pleno siglo XXI persiste en la región una estratificación social étnica y racial, donde amplios segmentos de los grupos mayoritarios de población –indígena, mestiza y afrodescendiente– se encuentran dominados por una minoría occidentalizada ubicada en los estratos de poder (Peredo, 2004). Esta división social muestra la continuidad del sistema colonial que se impuso en el continente hace más de cinco siglos y que se ha perpetuado por las élites modernas.

Las mujeres que viven en las áreas rurales realizan una importantísima contribución al desarrollo y la seguridad alimentaria, asumiendo funciones productivas, reproductivas y sociales en una triple jornada de trabajo que en su mayoría no está remunerado y es escasamente valorado. Pese a su papel clave en la economía y el bienestar de sus comunidades, enfrentan más obstáculos que los hombres para acceder a los recursos productivos fundamentales, sufren discriminación salarial en los mercados de trabajo y suelen trabajar sin remuneración en las granjas y negocios familiares.

Al mismo tiempo, las mujeres rurales han adquirido un protagonismo creciente en la defensa de sus territorios y bienes naturales, en el mantenimiento social, económico y cultural de las comunidades locales y en la transmisión del conocimiento. Aunque ha sido reciente su reconocimiento como sujetas de derechos y ciudadanas plenas, se han producido avances muy importantes. Se ha destacado por diversos organismos multilaterales, la relevancia de asuntos como la feminización de la agricultura o el importante papel que desempeñan las mujeres rurales en la seguridad alimentaria y la construcción de resiliencia frente al cambio climático y sus consecuencias como la sequía, las inundaciones y la deforestación.

Todos los países de la región se comprometieron en 2015 a reducir la pobreza y la desigualdad y a no dejar a nadie atrás al suscribir en 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que incluye 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y sus correspondientes metas. En ella se reconoce la centralidad de la igualdad de género y el empoderamiento  de las mujeres para avanzar hacia el desarrollo sostenible, pero además vincula el empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales con otros objetivos y metas, tales como el de poner fin a la pobreza en todas sus formas (ODS 1); poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible (ODS 2); promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos (ODS 8); y adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (ODS 13).

Para el reconocimiento y restablecimiento pleno de los derechos de las mujeres rurales en el marco de la Agenda 2030, es preciso retomar los tratados internacionales, tales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) como único que dedica un artículo específicamente a la situación de las mujeres rurales (el Artículo 14). En él se reconoce su contribución a la reducción de la pobreza y la seguridad alimentaria y nutricional, y se exhorta a los Estados Miembros a adoptar las medidas necesarias para que se respeten y refuercen sus derechos de acceso a recursos productivos y su participación en las decisiones.

Así mismo, la Declaración de Beijing y su Plataforma de Acción, la cual en una revisión de su aplicación 20 años después (ECOSOC, 2014) atrajo una atención renovada sobre la situación de las mujeres y las niñas rurales y sobre la necesidad de acelerar el cierre de la brecha de género rural.

Un documento de la mayor importancia es la Estrategia de Montevideo (CEPAL, 2016a), que reconoce a las mujeres como sujetos de derecho y a los Estados como garantes, entre otros, de los derechos económicos, sociales y culturales con relación a la inserción productiva, el trabajo y el control de los recursos y el derecho a la tierra.

Por otro lado, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) ha expresado su compromiso con la igualdad de género en el ámbito rural en la Declaración de Brasilia de la Conferencia sobre la mujer del medio rural en América Latina y el Caribe, celebrada en 2014.

Diversos convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) hacen referencia a los derechos de las trabajadoras agrícolas y rurales, destacando disposiciones sobre las organizaciones de trabajadoras rurales (1975), sobre inspección del trabajo en agricultura (1969) y sobre Pueblos Indígenas y Tribales (1989).

Pese a estos esfuerzos en el reconocimiento de derechos y a los avances en el plano legislativo, las brechas entre mujeres y hombres persisten profundamente arraigadas en las sociedades rurales. En la práctica, las mujeres rurales –y muy especialmente las mujeres indígenas y afrodescendientes– enfrentan importantes obstáculos para el ejercicio de sus derechos y son discriminadas en el acceso a ingresos y activos productivos, así como en la toma de decisiones. Su contribución al desarrollo apenas se reconoce, y sus necesidades y prioridades no son lo suficientemente abordadas en el diseño de leyes, políticas de desarrollo y estrategias de inversión.